Diputada Delfina Pozos alerta sobre presuntos abusos y extorsiones en SOAPAP y Agua de Puebla
Puebla, Puebla. – En el marco de la comparecencia del SOAPAP y Agua de Puebla ante el Congreso local, la diputada Delfina Pozos Vergara denunció posibles actos de extorsión, irregularidades y abuso de autoridad cometidos por el organismo operador y la empresa concesionaria.
Durante su intervención, la legisladora señaló que el ejercicio de rendición de cuentas se realizó con un mes de desfase, irregularidad que solicitó quede asentada en actas. Asimismo, presentó testimonios de restauranteros y representantes de escuelas privadas que refieren prácticas de presión económica disfrazadas de verificaciones ambientales.
De acuerdo con las denuncias, personal del SOAPAP realiza visitas en días de alta actividad comercial —jueves, viernes y sábado— en las que únicamente se toma una muestra, sin cumplir con lo establecido en la NOM-002-ECOL-1996, que exige muestras compuestas en distintos momentos. Con base en esa única prueba, se acusa a los usuarios de contaminación y se les amenaza con clausura inmediata, exigiendo pagos que van de 30 mil a más de 100 mil pesos. Posteriormente, los afectados son presionados para firmar convenios que alcanzan cifras de hasta millones de pesos, en formatos informales y con cobros retroactivos.
Pozos Vergara también cuestionó la participación del despacho externo Luxhus Corporativo, contratado por Agua de Puebla, cuyo apoderado legal estaría realizando funciones propias de autoridad, lo que podría constituir una suplantación de funciones y un conflicto de interés.
“Existe una contradicción grave: si el problema es la contaminación, ¿cómo es que se resuelve simplemente pagando? Esto apunta a que no estamos frente a un tema técnico, sino ante un posible esquema de presión económica”, advirtió la legisladora.
La diputada subrayó que SOAPAP y Agua de Puebla cobran el concepto de saneamiento, pese a que el propio organismo solicitó a la CONAGUA un plazo de gracia —vigente hasta junio de 2026— para cumplir con la norma ambiental, argumentando falta de inversión. “La autoridad no cumple la norma, pero sanciona a los usuarios y les cobra por un servicio que no garantiza”, puntualizó.
Pozos recordó antecedentes que ponen en duda la calidad del agua, incluyendo resoluciones judiciales y periciales que acreditaron deficiencias en el servicio, además de señalar que el sistema de tandeo incrementa riesgos sanitarios al favorecer la contaminación en tuberías.
Finalmente, formuló cuestionamientos sobre los procedimientos de verificación, el derecho de defensa de los usuarios, la legalidad de los convenios y la actuación del despacho externo, advirtiendo que, de confirmarse estas prácticas, se trataría de un esquema de abuso de autoridad y presión indebida contra ciudadanos y empresarios.
