Motociclistas exigen diálogo ante reforma a la Ley de Movilidad en Puebla: Néstor Camarillo
Puebla, 22 de mayo de 2025—El uso de motocicletas se ha convertido en una alternativa de movilidad accesible para miles de familias en Puebla, representando el 14% del total de automotores que circulan en el estado. Sin embargo, la reforma propuesta a la Ley de Movilidad ha generado inquietud entre los usuarios de este medio de transporte, quienes consideran que la medida vulnera sus derechos y los criminaliza.
Ante esta situación, diversos grupos de motociclistas se han manifestado para exigir que las autoridades escuchen sus preocupaciones y que la reforma no se implemente sin un análisis profundo. De acuerdo con los manifestantes, cualquier regulación en la movilidad debe estar enfocada en mejorar la seguridad sin afectar el sustento de quienes dependen de las motocicletas, bicicletas eléctricas y scooters para trabajar.
El senador de la República se sumó a estas demandas, respaldando las peticiones de los motociclistas y exhortando al Poder Legislativo de Puebla a abrir espacios de diálogo. Subrayó la importancia de realizar foros, mesas de trabajo y conferencias con especialistas en movilidad para evitar que la reforma tenga un mero carácter recaudatorio.
Asimismo, recordó que anteriores modificaciones legales sin el estudio adecuado han demostrado no ser efectivas, por lo que pidió que cualquier cambio en la legislación contemple el impacto real en la población.
El PRI, como partido político, reafirmó su postura en favor de la construcción de acuerdos que beneficien a las familias poblanas y apoyó las manifestaciones de los motociclistas, asegurando que estarán atentos a que todas las voces sean escuchadas en este proceso.
Según datos del INEGI, en Puebla circulan poco más de 181 mil motocicletas, lo que equivale a 14 de cada 100 vehículos automotores en el estado, destacando su relevancia tanto como medio de transporte como fuente de ingreso.
Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado a las y los legisladores para que las reformas en materia de movilidad sean resultado de consensos y estudios pertinentes, garantizando que las modificaciones favorezcan la seguridad sin convertirse en acciones meramente recaudatorias
